Liderando la Crisis

Fecha: 22/06/2010

Creo que podemos estar de acuerdo en que la gran mayoría de la riqueza que se crea en España proviene de las empresas. Las empresas añaden valor a los productos y servicios que producen, creando una riqueza igual al valor que añaden. Esta riqueza luego se distribuye de tres maneras: en forma de beneficios (que se distribuyen entre los accionistas o se reincorporan al proceso productivo), en forma de salarios que se pagan a los trabajadores y en forma de impuestos que se destinan a contribuir al interés general.

El objetivo principal de la empresa es, en primer lugar, sobrevivir y, en segundo lugar, prosperar (creciendo y generando mejores resultados). De esta manera contribuyen al interés general produciendo riqueza. Por tanto, podemos decir que el papel principal de la empresa en la sociedad es el de perdurar siendo rentable. Cuanto más crezca una empresa, y cuanto más rentable sea, mejor para toda la sociedad, puesto que más riqueza creará y durante más tiempo, a la vez que esa riqueza se redistribuye como se ha explicado antes.

En un país como España, la inmensa mayoría de las empresas son pequeñas y medianas (en torno al 90%). Y dentro de las pequeñas y medianas, el grupo de las empresas que no tienen ningún asalariado es el mayor. En términos generales, cuanto más pequeña es una empresa, más delicado es su equilibrio económico y mucho más difícil su equilibrio financiero. Por tanto, no es aventurado decir que en España las empresas tienen, por su tamaño, un plus de dificultad a la hora de sobrevivir y prosperar. Y de ahí, tampoco es aventurado decir que ser empresario en España es una actividad de un riesgo mayor.

Desgraciadamente, desde el punto de vista de la sociedad, todo esto no se percibe de igual manera. En general, la sociedad percibe a la empresa negativamente y a los empresarios incluso peor. La empresa que tiene éxito y alcanza grandes beneficios es demonizada, mientras que los empresarios tienen incluso que ocultar su éxito para no ser perseguidos. Lo cierto es que sin empresas la propia sociedad no existiría como la conocemos en la actualidad. Todo lo que tenemos sale de la riqueza que las empresas crean, desde los colegios hasta la financiación de los sindicatos, pasando por la seguridad social o el sueldo de los políticos. Y sin embargo, la percepción social es otra, muy lejos de la mentalidad anglosajona del “win-win”: si la empresa y los empresarios ganan, todos ganamos, así que alegrémonos de su éxito.

En parte derivado de esa percepción de la realidad por parte de la sociedad, y en parte por la ineficacia de la administración, en las últimas décadas se está siguiendo un proceso consistente en cargar a la empresa con una larga lista de responsabilidades adicionales a las derivadas de su propia naturaleza, transfiriendo esas responsabilidades desde la administración hacia las empresas. Algunas de esas muchas responsabilidades (protección de datos, seguridad en el trabajo, mutua además de seguridad social, cuestionarios del INE, obligaciones formales de todo tipo, protocolos de igualdad, atención a las inspecciones –trabajo, industria, hacienda, consumo, sanidad–, relaciones sindicales, etcétera, etcétera) tienen sentido cuando se analizan aisladamente. Sin embargo, todas contribuyen significativamente a la disminución de la competitividad de la empresa e, incluso en algunos casos, a la propia destrucción de empresas. Y si, como decíamos antes, España es un país de pymes, con la dificultad empresarial añadida que eso significa, una reducción acusada de la competitividad producida por una acumulación de responsabilidades extrínsecas es, sin duda, un lastre que no todas las empresas pueden soportar. Y menos cuando esa tendencia de seguir acumulando responsabilidades en las empresas no cesa (últimamente hemos visto como en algunas comunidades autónomas los comerciantes están siendo obligados a rotular sus comercios en lenguas autonómicas, por ejemplo).

Uno de los principales retos a los que se enfrenta la economía de nuestro país es el diferencial de competitividad con los otros países de nuestro entorno. Una gran parte de la culpa recae en el mercado de trabajo, sin duda, pero otra parte recae en estas responsabilidades de las que hablamos. Ahora hay algunos países emergentes que empiezan a ser serios competidores económicos. Estos países, aparte de un mercado laboral mucho menos protegido que el nuestro, tienen unas legislaciones empresariales muchísimo menos exigentes que la nuestra. Y la consecuencia de ello es que el diferencial de competitividad con ellos es tremendo. Desgraciadamente ya no competimos sólo con los “países de nuestro entorno”, sino con una economía globalizada en la que esos países antes emergentes ahora están comenzando a ser los líderes. La pérdida de competitividad significa la destrucción de empresas, y la destrucción de empresas, como dijimos al principio, significa menos riqueza; es decir, menos carreteras, hospitales, policía, pensiones, etcétera.

Hace unos días participaba en un seminario empresarial y uno de los ponentes hablaba de la obligación de la empresa de formar a sus trabajadores. Pero no se refería a la formación necesaria para aumentar la competencia de los trabajadores, sino a la formación entendida como educación y transmisión de valores. Es decir, como la familia y las instituciones educativas están fallando en este cometido, la empresa debe encargarse de ello.

Es cierto que, por su propia naturaleza, las empresas son las instituciones más eficientes que hay y que encargarles una tarea presupone una garantía del éxito de esa tarea. Pero no es menos cierto que la responsabilidad de la sociedad y del resto de agentes económicos, sociales, educativos, etcétera, no puede decaer. La administración impone cada vez más tareas y responsabilidades a las empresas, provocando con ello una menor competitividad, mientras que la propia administración no cumple con las normas que ella misma dicta, y sigue una espiral creciente de abandono de responsabilidades.

En resumen, la pregunta que debemos hacernos es, aparte de su finalidad natural de prosperar, ¿hasta que grado debemos seguir cargando a las empresas con responsabilidades adicionales en detrimento de su competitividad y, por tanto, de su capacidad para generar riqueza? ¿No deberíamos exigir de la administración un funcionamiento más eficiente y que lleve a cabo con éxito las tareas y responsabilidades que le incumben y se derivan de su propia naturaleza, y que no transfiera esas tareas a las empresas?

Joaquín Suárez – Director de TSG Servicios de Traducción Glotas